La implementación del Código Procesal Penal de la República Dominicana, instituido mediante la Ley No. 76-02 y reformado en diversas ocasiones para responder a las dinámicas sociales y judiciales contemporáneas, representa uno de los cambios estructurales más significativos en la administración de justicia penal del país. Su entrada en vigencia consolidó el modelo acusatorio, reforzando principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad, la inmediación y el respeto al debido proceso, en consonancia con la Constitución proclamada en 2010. No obstante, la transición normativa y operativa hacia este modelo ha evidenciado desafíos sustanciales que aún persisten.
Uno de los principales retos radica en la correcta aplicación del principio de plazo razonable, consagrado tanto en la Constitución de la República Dominicana como en el propio Código Procesal Penal. Aunque la normativa establece límites temporales claros para la duración de los procesos y las medidas de coerción, en la práctica subsisten dilaciones estructurales vinculadas a la sobrecarga judicial, la insuficiencia de recursos humanos y la limitada capacidad logística de los órganos persecutores. Esta situación genera tensiones entre la necesidad de eficacia del sistema penal y la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas imputadas y de las víctimas.
Otro desafío relevante se manifiesta en el uso de las medidas de coerción, particularmente la prisión preventiva, la cual, conforme al Código Procesal Penal, debe ser excepcional y proporcional. Sin embargo, la cultura jurídica heredada del modelo inquisitivo anterior continúa influyendo en decisiones que priorizan la privación de libertad como regla y no como excepción, lo que plantea cuestionamientos sobre la correcta interpretación del principio de presunción de inocencia y el rol garantista del juez de la instrucción.
La litigación oral constituye igualmente un reto significativo. El Código Procesal Penal exige una preparación técnica distinta, basada en la argumentación jurídica, la teoría del caso y el dominio probatorio en audiencias públicas. No obstante, la falta de capacitación continua y especializada para los operadores del sistema limita la efectividad de este modelo, provocando prácticas deficientes que desnaturalizan la oralidad y afectan la calidad de las decisiones judiciales.
Desde una perspectiva institucional, la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Poder Judicial continúa siendo un punto crítico. La investigación penal eficiente requiere una articulación fluida entre estas entidades, así como el uso adecuado de herramientas tecnológicas para la gestión de expedientes, evidencias digitales y notificaciones procesales, elementos que el Código Procesal Penal presupone pero que aún no se han implementado de manera uniforme.
Finalmente, el Código Procesal Penal enfrenta el reto de su adaptación a nuevas formas de criminalidad, particularmente los delitos tecnológicos, el crimen organizado y las infracciones transnacionales. La normativa procesal debe interpretarse de forma evolutiva para responder a investigaciones complejas que demandan cooperación internacional, técnicas especiales de investigación y un equilibrio delicado entre la persecución penal efectiva y la protección de los derechos fundamentales.
En este contexto, el verdadero desafío del Código Procesal Penal no reside únicamente en su texto normativo, sino en la capacidad del sistema de justicia dominicano para aplicarlo de manera coherente, moderna y alineada con los estándares constitucionales y convencionales. La consolidación del modelo acusatorio exige una transformación cultural, institucional y tecnológica que garantice una justicia penal más transparente, eficiente y respetuosa de la dignidad humana.
Base legal
Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.
Ley No. 76-02, que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Leyes modificatorias al Código Procesal Penal, incluyendo reformas vigentes sobre medidas de coerción y procedimiento penal.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Bibliografía
Congreso Nacional de la República Dominicana. Código Procesal Penal comentado.
Suprema Corte de Justicia. Jurisprudencia sobre plazo razonable y prisión preventiva.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías judiciales y debido proceso.
Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal.
Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal y sistema acusatorio.
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